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En paralelo a la Ley Bases, arranca el debate por la Reforma Laboral: dónde hay acuerdo y los puntos más conflictivos

Esta semana debería empezar a discutirse en Diputados la Ley Bases y, tal como prometió el Gobierno, se espera que durante el debate en comisión se incorpore un capítulo especial sobre reforma laboral. El Ejecutivo no mandó un proyecto propio pero hay al menos tres iniciativas ya presentadas por la oposición. Los principales temas que se repiten tienen que ver con las multas por trabajo no registrado -debaten si eliminación, suspensión o reducción- y la extensión del período de prueba; dos puntos que también incluía el DNU de Javier Milei que quedó bloqueado por la Justicia.

La CGT está en alerta pero aceptaría una reforma «light». Por eso salieron con los tapones de punta cuando el jefe de gabinete, Nicolás Posse, recibió en persona en la Casa Rosada la propuesta de la UCR, que entre otros puntos elimina las cuotas sindicales obligatorias fijadas en los convenios colectivos, llamadas contribuciones de solidaridad.

«El objetivo no es recrear un trabajo mejorado sino desfinanciar a los sindicatos. Ese fue el espíritu de (Federico) Sturzenegger en el DNU 70, y ahora los radicales vuelven a ir por el mismo camino«, se quejó el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez.

Desde el Gobierno bajan la espuma. «Es un proyecto base sobre el cual se va a consensuar lo necesario para que pase la Cámara de Diputados«, señalan.

Lo cierto es que ese punto no estaba en los proyectos presentados por el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, ni en el de la bancada de Miguel Angel Pichetto, que fue craneado por los diputados Oscar Agost Carreño y Ricardo López Murphy.

Con el acuerdo de estas tres bancadas con el oficialismo, la reforma tendría luz verde. Aunque no es tan fácil porque hay puñados de rebeldes, como el sector radical de Facundo Manes, que no acompañó a sus representantes a la Casa Rosada.

Los puntos que podrían tener luz verde

– Multas a empleadores por trabajo no registrado: El DNU de Milei eliminaba las multas. El proyecto del PRO también. El del bloque federal las «suspende por dos años», mientras que los radicales -después de una discusión interna- acordaron fijar que se reduzcan. «No puede ser lo mismo para el empleador que registra que para el que no», señalan en parte de la UCR. Todos coinciden que son el corazón de la creciente litigiosidad.

– Período de prueba: actualmente es de tres meses. El DNU lo llevaba a ocho meses, como el proyecto del PRO. La UCR lo extiende a seis meses, pero con obligación de preavisar. El proyecto de Agost Carreño plantea que sea de seis meses para grandes empresas, y hasta 12 meses para Pymes y MicroPymes. El período de prueba es el plazo máximo por el cual una persona puede ser contratada sin recibir indemnización si la echan.

– Sistema de registro único, simple y electrónico: en este punto en el que con diferencias mínimas todos los textos coinciden. El proyecto del PRO incluso plantea que la posibilidad de registración «por cualquier parte interesada» será eficaz.

Otros ejes de debate

– El proyecto radical incluye una reducción de las cargas patronales hasta el equivalente a cinco salarios mínimos. Es otra variante del «trabajador independiente» que fijaba el DNU de Milei.

La educación como servicio esencial: la idea es establecerlo como un derecho humano fundamental, para limitar los paros en las escuelas. Lo incluyen los proyectos del PRO y la UCR. En el bloque de Hacemos Coalición Federal no lo pusieron pero consideran que no habría problema en incluirlo.

El proyecto de la UCR especifica que se debe garantizar una guardia mínima tanto para las clases como para el comedor escolar y plantea distintos porcentajes de asistencia del personal de acuerdo a la duración del conflicto. El mínimo es del 30%, si la medida se extiende por más de 48 horas, sube al 50% y más de cinco días: 75%.

-La creación de un fondo de cese laboral (tipo UOCRA), figuraba en el DNU y también está en el proyecto de la UCR, de forma optativa, con un aporte de hasta 8% de la remuneración, que tiene que ser acordado por convenio colectivo de trabajo. Los radicales también ofrecen la posibilidad de que la empresa contrate seguros para responder a las indemnizaciones.

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