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Salariazo en el Senado: oficialismo y oposición buscan despegarse del escándalo y proponen fijar topes

El escándalo generado en el Senado por el aumento de los sueldos a $ 7,2 millones aceleró la necesidad de los legisladores de tomar distancia y de instalar en el debate un nuevo mecanismo de actualización salarial, que incluya no sólo a los diputados y senadores, sino también a los miembros del Gabinete nacional, jueces y funcionarios de los organismo autárquicos.

La discusión por el importe millonario de la dieta de los senadores y la forma en que se aumentaron los sueldos -a mano alzada y al cierre de una sesión- generó más repudio social cuando el balance arroja que en cinco meses sólo se aprobó una ley. Se trata de la actualización de la legislación sobre la prevención y represión del lavado de activos, una medida que tenía la media sanción de Diputados de 2023 y que salió por la propia presión de los organismos internacionales.

Pero también hay que recordar que el Senado durante el año pasado sólo sesionó cinco veces. El resto fueron reuniones informativas y asambleas, mientras que la Cámara baja tuvo ocho sesiones. La política trató de justificar la baja actividad del Congreso con que fue un año electoral.

Pero más allá de esos datos, tanto senadores como diputados tienen en claro que hay un debate pendiente. En ese sentido, el kirchnerismo decidió empujar un proyecto para establecer niveles máximos de salarios para las autoridades superiores de los tres poderes, organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado.

La propuesta K

La iniciativa, elaborada por José Mayans y firmada también por María Teresa González y Carolina Moises, establece para el Presidente un sueldo de 20 salarios, mínimos, vitales y móviles, poco más de 4 millones de pesos. Para el vicepresidente, los jueces de la Corte, senadores, diputados, el Procurador y el Defensor General lo fija en 15 salarios mínimos, por todo concepto. Los ministros en 12, los secretarios en 10 y los directores de empresas y sociedades del Estado en nueve.

De acuerdo a lo confiado por fuentes de la oposición antes de que ingresara el proyecto de Juan Carlos Romero que promovía 13 dietas anuales y una actualización por los módulos que rigen la escala salarial de los empleados legislativos, ya se había instalado la idea de tratar el proyecto impulsado por Mayans. El formoseño fue uno de los firmantes del aumento de los $ 7,2 millones.

A su vez, lo que busca el proyecto es que las cabezas de los tres poderes queden igualadas, mientras que el resto de la estructura se ubique un escalón más abajo. Lo que los senadores reprochan es que un juez de la Corte, que tiene un haber de $ 4.864.556,54 -según datos del Poder Judicial-, cobre más que los legisladores y encima no pague Ganancias.

Por eso cuando se discutió el proyecto de Romero, primero se habló de una cifra superior a los $ 4,5 millones, pero al comprobar que con los descuentos quedaba por encima de los 2,6 millones decidieron llevar el importe a los $,7,2 millones para quedar así casi emparejados con los jueces.

El Senado y un aumento más que polémico de las dietas. Foto: Federico López Claro.El Senado y un aumento más que polémico de las dietas. Foto: Federico López Claro.El kirchnerismo adelantó que este lunes pedirá una sesión especial para tratar el proyecto de Mayans, y de ese modo también despegarse del aumento que generó tanta controversia.

Ya lo habían hecho los senadores del oficialismo y del PRO, pese a que ninguno se opuso a la habilitación del tratamiento sobre tablas (que requería de los dos tercios) ni pidió la palabra para expresar su rechazo ante de la votación a mano alzada. También los legisladores que responden a Alfredo Cornejo.

«No está claro si tenemos las facultades para fijar los sueldos de otros poderes de Estado, hay que ver si es constitucional. Lo vamos a estudiar. Que no sea una cortina de humo para esconder la actitud cobarde que tuvieron el jueces», dijo este domingo un integrante del bloque del PRO.

Más propuestas de la Coalición Cívica, el PRO y LLA

En este escenario, el diputado Maximiliano Ferraro, con el acompañamiento de otros representantes de la Coalición Cívica, avanzó con un proyecto para suprimir honores y privilegios de diputados y senadores, establecer su dedicación exclusiva a la función, prohibir el nepotismo, hacer obligatoria la presentación y publicidad de las declaraciones juradas y establecer el fideicomiso ciego para evitar los conflictos de intereses.

María Eugenia Vidal (PRO) insiste con su proyecto de ley para que los incrementos de sueldo de los legisladores no puedan ser mayor al porcentaje de aumento anual de las jubilaciones mientras que el libertario Carlos D’Alessandro propuso que el ajuste de las dietas sea conforme a un criterio relacionado con la jubilación mínima. También incluyó a los funcionarios de los gobiernos provinciales y a los miembros de la Corte.

La devaluación de diciembre, la suba de la canasta básica de alimentos que superó los $ 700 mil y los precios de los alquileres en CABA son los argumentos que esgrimieron los senadores del peronismo y de los bloque provinciales para justificar lo aprobado este jueves en una sesión que había sido convocada para aprobar pliegos de embajadores y tratados internacionales.

Lo que coinciden tanto el oficialismo y la oposición es que «la culpa de este tema es de Javier Milei». Fue cuando el Presidente ordenó retrotraer el aumento de 30% que Villarruel y Martín Menem habían firmado para los diputados y senadores, atado a una actualización salarial de los empleados legislativos. De haberse mantenido el acuerdo, hoy los senadores estarían cobrando un sueldo bruto de $ 3,5 millones y no $ 7,2 millones.

Victoria Villarruel durante la sesión en el Senado. Foto: Federico López Claro.Victoria Villarruel durante la sesión en el Senado. Foto: Federico López Claro.Además, desde el peronismo trataron de justificar el fuerte incremento al advertir que si no se aplicaba ese porcentaje a fin de año no iban a poder justificar los gastos ante el fisco y «podrían ser denunciados ante la Oficina de Anticorrupción por la incompatibilidad entre los ingresos y egresos».

También dejaron planteada «la angustia» de los legisladores del Interior por la imposibilidad de cubrir los gastos de estadía en Buenos Aires. «Cualquier legislador de Latinoamérica gana 10 mil dólares», dijo un senador a este diario tratando de justificar los 7 mil dólares que se adjudicaron.

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